Derecho administrativo
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Derecho administrativo
Se ocupa de regular la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre esta y los ciudadanos. Su objetivo principal es garantizar un adecuado ejercicio del poder estatal y proteger los derechos e intereses de los individuos frente a la actuación de la administración.
El Derecho Administrativo abarca un amplio espectro de temas y situaciones, entre los que se incluyen los siguientes aspectos:
Organización administrativa: Regula la estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y entidades de la administración pública, tanto a nivel central como a nivel local o regional. Esto incluye el establecimiento de procedimientos administrativos, la creación de organismos reguladores y la determinación de la relación jerárquica entre ellos.
Actos administrativos: Establece las normas y principios que rigen la emisión, modificación y revocación de los actos administrativos, que son las decisiones y resoluciones tomadas por la administración pública en el ejercicio de sus funciones. También se ocupa de los derechos y recursos disponibles para impugnar dichos actos.
Contratación administrativa: Regula los contratos celebrados por la administración pública, estableciendo las normas y principios aplicables a la selección de contratistas, la adjudicación de contratos públicos, las obligaciones y responsabilidades de las partes y los mecanismos de resolución de conflictos.
Responsabilidad administrativa: Establece los criterios y procedimientos para exigir la responsabilidad de la administración pública por daños y perjuicios causados a los ciudadanos debido a su actuación. Esto puede incluir indemnizaciones por actos ilícitos, daños causados por obras públicas o negligencia en la prestación de servicios públicos.
Derecho regulatorio: Regula la actuación de los organismos reguladores en sectores específicos, como las telecomunicaciones, la energía, el medio ambiente, las finanzas, entre otros. Estos organismos tienen la tarea de supervisar y regular la actividad de los operadores en estos sectores, proteger los intereses de los consumidores y promover la competencia.
Procedimiento administrativo: Establece las reglas y garantías que deben seguirse en los procedimientos administrativos, como la notificación, el derecho a ser escuchado, la prueba, la motivación de las decisiones y el acceso a la información. También contempla los recursos y vías de impugnación disponibles contra los actos administrativos.
Áreas de práctica
- Acuerdos de Agencia, Distribución y Representación
- Agronegocios
- Arbitraje
- Asesoria legal a organizaciones de cooperacion al desarrollo
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- Derecho bancario, financiero y mercado de capitales
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- Derecho Energético
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- Derecho laboral y seguridad social
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- Telecomunicaciones