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Desde su aparición a inicios de 2020, la pandemia desatada por el COVID-19 ha causado un profundo impacto en todos los niveles. Además de desnudar la histórica debilidad del paupérrimo sistema de salud pública y resaltar la inequidad social, el virus ha causado estragos en toda la economía. Aunque algunos sectores han reaccionado mejor y ya presentan algunos indicios de recuperación, a otros – por la naturaleza propia de sus actividades – les está costando mucho más reponerse. Sectores como el gastronómico, entretenimiento, eventos, turismo y aviación siguen experimentando en primera persona los devastadores efectos de la crisis.

Muchas de las empresas de estos sectores, y en general la gran mayoría de las que se encuentran en el rubro de los “servicios”, forman parte del segmento denominado Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (lo que llamamos Mipymes). Como consecuencia de la pandemia, un número importante de Mipymes ha desaparecido. Las que continúan, han hecho malabares para sobrevivir, incluyendo la implementación de estrategias empresariales que permitan una fuerte reducción de sus costos fijos. Para las Mipymes, uno de los principales problemas ha sido el acceso al crédito.

La histórica dificultad en el acceso a los créditos

En el Paraguay, la concesión de créditos para ciertos segmentos ha sido un problema con ya larga data. Desde la perspectiva del sector financiero, gran parte del problema descansa sobre cuatro factores:  en primer lugar, el segmento de las Mipymes se ha caracterizado por una gran informalidad, lo cual impide realizar un análisis crediticio adecuado de cada caso, y aunque muchas empresas parecerían contar con ingresos suficientes para justificar el repago de sus créditos, sus declaraciones no avalan tal situación. En segundo lugar, la informalidad induce a que las Mipymes busquen el otorgamiento de créditos a través de actores que se encuentran fuera del sector financiero, como por ejemplo los usureros, que además de informales, es sabido que operan fuera de los límites de la legalidad. Estos créditos, otorgados a tasas altísimas, contribuyen en muchos casos al sobreendeudamiento de las Mipymes, quienes pasan a formar parte de un ciclo vicioso del que ya no pueden salir. En tercer lugar, la extrema lentitud del sistema judicial, su burocracia e imprevisibilidad, todas circunstancias que tornan difícil recuperar un crédito ante una situación de default. Y en cuarto y último lugar, el hecho de que los esquemas de garantías para facilitar el acceso a los créditos de las Mipymes no han tenido un impacto significativo, obstáculo que fue destacado por recientes encuestas realizadas por el BCP a agentes del sistema financiero.

Ahora bien, los solicitantes (Mipymes) también se quejan a menudo de las dificultades para acceder a créditos dentro del sistema financiero. Desde la perspectiva de las Mipymes, las instituciones financieras han adoptado históricamente una actitud extremadamente conservadora, burocrática, desinteresada y carente de innovación a la hora de otorgar créditos al sector. Ellas han preferido concentrarse en el segmento corporativo y en la masificación de los créditos al consumo.

La escasa regulación en materia de defensa de la competencia y protección del consumidor – comparativamente hablando a nivel regional – les ha permitido a las instituciones financieras implementar un conjunto de prácticas que en otras jurisdicciones constituirían hechos absolutamente prohibidos y objeto de severas multas.  Pensemos por ejemplo en las ventas casadas a la hora de acceder a un servicio financiero (e.g. otorgamiento  de un crédito), donde la institución financiera “impone” al consumidor la elección del proveedor del servicio. Otro clásico ejemplo de la década del 90 eran las llamadas prácticas de “opt-out” donde la institución financiera automáticamente debitaba el servicio sin que el cliente lo haya solicitado. El servicio se cancelaba solamente una vez que el cliente se daba cuenta del débito y requería formalmente su exclusión. Las Mipymes también destacan el hecho que los esquemas de garantías lanzados por el Gobierno Nacional no necesariamente hayan sido muy eficaces en el Paraguay. Por ende, el acceso al crédito continúa siendo un problema para el sector.

Tanto las instituciones financieras como las Mipymes concuerdan en que uno de los problemas se centra en las estructuras o sistemas para garantizar los créditos.  Queda claro que este ha sido siempre un problema transversal, presente incluso antes de la pandemia. Ante esta situación, una de las cartas jugadas por el Gobierno ha sido el fortalecimiento del Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY), que si bien ya existía como instituto, no era muy popular en el ámbito financiero debido a los escasos recursos y a la burocracia en cuanto a los requisitos para su otorgamiento se tratase.

El FOGAPY

El FOGAPY consiste básicamente en una garantía del Estado concedida a los bancos, financieras y cooperativas intermediarias para otorgar créditos a ciertos sectores, a través de la creación de un fondo. En los casos que se produzca el default del cliente, la institución financiera podrá recuperar un porcentaje alto del crédito otorgado de dicho fondo, independientemente a las acciones de recupero que posteriormente entable contra el solicitante.  Como el crédito se encuentra garantizado por un fondo (e.g. FOGAPY), la institución financiera puede llevar adelante un análisis de riesgo más laxo del solicitante, lo cual en principio facilita el otorgamiento del crédito.

De hecho, casi al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda creó un fideicomiso denominado “De Administración para el Apoyo a las Mipymes y Otras empresas” para la canalización de recursos crediticios.  En marzo pasado, por medio del Decreto No. 5023/2021, Hacienda dispuso la reducción del monto aportado por el Estado a dicho fideicomiso para fortalecer los recursos del FOGAPY. Esta situación demuestra muy claramente el éxito que ha tenido esta herramienta de garantías que ha permitido el otorgamiento de créditos con tasas sumamente razonables y con periodos de gracia relativamente importantes.

Transcurrido el primer año de la implementación de esta modalidad de garantías crediticias por parte del Estado, son 26 las instituciones bancarias, financieras o cooperativas intermediarias que participan en la colocación de los préstamos para Mipymes. Cabe destacar que el Banco Nacional de Fomento (BNF) fue desde el principio, y sigue siendo, la intermediaria con mayor operatividad para la canalización de este producto.

Según el último informe publicado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) – banca estatal de segundo piso encargada de administrar el fondo de garantía – hasta el momento se han colocado en el mercado créditos avalados por valor USD 582 millones. En este contexto, se han colocado unas 23.907 garantías, estimándose que gracias a ello  pudieron mantener sus puestos de trabajo alrededor de 144.500 empleados. Resulta fundamental destacar que, de las 23.907 garantías otorgadas mediante el FOGAPY, unas 10.381 (el 45%) fue otorgada a microempresas, mientras que unas 8.499 (36% del total) fueron otorgadas a pequeñas empresas.

Consideraciones finales

En un país que históricamente se ha caracterizado por ser agro-ganadero y que cuenta con muy pocas industrias, las Mipymes desempeñan un rol preponderante en la matriz de producción, y por supuesto, en la creación de empleos. El impacto de la pandemia ha sido superlativo para todos los sectores, pero muy especialmente para las Mipymes. Aunque dista mucho de ser una panacea y aun cuando pudiera ser sumamente perfectible, el FOGAPY se ha constituido en una herramienta de financiamiento sumamente útil para muchísimas Mipymes. El Estado debería seguir analizando mecanismos y estructuras que permitan la adopción de otros sistemas de garantías de mayor y más fácil acceso al crédito. En ausencia de políticas públicas adecuadas en tal dirección, la recuperación será aún mucho más lenta y en el camino, se habrán perdido un número extremadamente alto de puestos de trabajo.