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El Paraguay se encuentra en pleno proceso de incursión a la implementación de los denominados “bonos verdes”, que básicamente constituyen instrumentos bursátiles ligados a proyectos que van en línea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien es una materia nueva para el mercado bursátil local, ya la base legal es una realidad y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentra promocionando la plataforma.

Las negociaciones bursátiles vienen creciendo a un ritmo vertiginoso y desde marzo de este año cuentan con esta nueva herramienta de bonos ODS, intentando alinear al mercado a la tendencia internacional de unir a financistas y desarrolladores de proyectos que buscan o el cuidado del medio ambiente o del desarrollo social en las distintas comunidades, abriendo las puertas hacia un nuevo ámbito de inversiones que hasta el momento ha sido muy poco explorado en Paraguay y que de seguro generará un sinfín de oportunidades.

Todas aquellas entidades que deseen realizar emisiones deben tener un registro especializado dentro la CNV, con ciertas características y exigencias que se distinguen de las comúnmente pedidas a empresas que buscan emitir títulos tradicionales como bonos comerciales u otros.

La resolución de la CNV No. 9/20 del 05 de marzo de este año delimitó las condiciones para las empresas que deseen emitir este tipo de bonos, de manera a tener reglas claras en este ámbito del mercado. Por ejemplo, la regulación bursátil establece que las sociedades emisoras deberán contar con la verificación de un ente que cuente con acreditación de la organización internacional Climate Bonds Initiative (CBl). El verificador debe ser independiente al emisor, sus directores, la alta gerencia y los asesores, de manera a tener la certeza de que los planes para la financiación estén efectivamente en línea con los Objetivos ODS. De hecho, este informe es un requisito fundamental para la inscripción de cualquier empresa que quiera ser habilitada por la CNV para este tipo de emisión y además el regulador podrá pedir una actualización del informe en cualquier momento que considere pertinente, al igual que otros estudios realizados por verificadoras diferentes, de manera adicional.

La normativa establece algunas definiciones de los parámetros que deben tener los proyectos a ser financiados por Los bonos ODS, y se discrimina en tres grandes modalidades: verde, social, sostenible.  Analicemos cada uno de estos componentes.

Verde: En aquellos proyectos denominados “verdes”, los fondos de la emisión se deben utilizar a actividades que generen beneficios ambientales, tales como la mitigación y/o adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, conservación de recursos nacionales, o el control de la contaminación del aire, del agua y el suelo. Aquellos que además puedan tener co-beneficios de impacto social, también podrán ser tenidos en cuenta dentro de esta categoría.  Algunos ejemplos de proyectos elegibles que se dan de manera explícita en la resolución de la CNV para esta categoría son los de eficiencia energética, (edificios, calefacción urbana, electrodomésticos, entre otros), prevención y control de la contaminación (incluido el tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones atmosféricas, etc.), transporte limpio, adaptación al cambio climático, entre otros.

Social: En esta categoría de emisión, los fondos se deben destinar a proyectos con beneficios sociales, como por ejemplo el acceso a la infraestructura, seguridad alimentaria y la vivienda asequible. También pueden tener co-beneficios ambientales y no se da una lista taxativa sino aproximativa de cuáles son las actividades que se encuadran dentro de la sección.

Sostenible: Por último, el artículo de las definiciones prevé una categoría que denomina de proyectos “sostenibles”, que se entiende como una directa combinación de impactos ambientales y sociales de las actividades a llevar a cabo con el dinero de la emisión.

En la norma se recuerda de manera taxativa que las emisiones pueden ser no solamente para la puesta en marcha de los proyectos que se enmarquen en las limitaciones y exigencias para los bonos verdes, sino también para la refinanciación de proyectos específicos a los que los recursos han sido asignados. Las exigencias a nivel general de todas las reglamentaciones transversales al mercado de valores aplican también para este segmento, además de las específicas.

Con respecto a la administración de los fondos, se detalla que los recursos provenientes de este tipo de emisiones deben ser asignados a cuentas específicas, u otros mecanismos confiables que garanticen la trazabilidad y la transparencia, de manera a una fácil verificación de los destinos que deben estar alineados a las exigencias desarrolladas anteriormente. El emisor deberá contar con un proceso formal para monitorear los fondos obtenidos hasta su asignación total, distinguiendo entre los recursos invertidos y aquellos que no han sido asignados.

Además se establecen algunos criterios de pérdida de estatus de bonos ODS, bajo los cuales la CNV podrá retirar la habilitación para emisiones y tienen que ver con la falta de cumplimiento de los objetivos ambientales o sociales trazados, falta de criterios para el uso de los fondos, falta de cumplimiento en la provisión de información o hechos relevantes y otros criterios a ser determinados de forma discrecional por la regulación estatal.

Finalmente, la reglamentación estipula que el emisor de bonos verdes debe proveer información actualizada, pública y disponible sobre el uso de los fondos, la cual se debe renovar anualmente hasta la asignación total, y además debe remitir a la CNV un reporte sobre el estado del destino de los fondos de los bonos al cierre de cada ejercicio, con un plazo 90 días corridos desde el cierre.

Si bien todavía no se han concretado emisiones bajo esta modalidad, de las definiciones y detalles de la normativa de regulación se puede observar una gran claridad en las reglas de juego establecidas, lo cual se suma al prestigio que se ha ganado en los últimos años el mercado de valores paraguayo, por la buena labor tanto desde la CNV, como de la misma Bolsa de Valores y las distintas casas de bolsa que terminan por componer el sistema. 

Con esto no solo se genera una herramienta más que colaborará sin dudas al crecimiento del sector bursátil, sino que también se establece una importante plataforma de desarrollo sostenible para el país. Ante la falta de ocupación que han tenido los distintos gobiernos que se sucedieron a las cuestiones medioambientales, surgen las soluciones de mercado como una opción válida para cuidar el medio ambiente.