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Recientemente la firma QS dio a conocer un ranking sobre universidades latinoamericanas. Dicho ranking reveló que la Universidad Nacional de Asunción perdió varios lugares, ubicándose ahora en el puesto 101. Claro furgón de cola de la región – algo que a muchos no sorprende.

El resultado del ranking, y la presión ejercida por los medios de prensa, forzó al Rector de la Universidad de Asunción (UNA) a salir al paso y formular declaraciones. Según el Rector, el ranking se basa en rígidos criterios que no tienen en consideración los avances que ha experimentado la UNA en los últimos años. Para el Rector, el ranking es simplemente una encuesta que no permite apreciar todo el desarrollo y el innegable crecimiento de la centenaria institución nacional en materia de educación superior. Asimismo, a través de las redes sociales, el Director Académico de una Facultad de la UNA, dijo que la calidad de la universidad no depende de un ranking internacional realizado por una empresa privada con dudosas intenciones. Para este profesor, con independencia al ranking, la UNA seguirá siendo “la más importante y respetada en Latinoamérica.”

Los comentarios del Rector y del Director Académico relativizan la importancia y en cierta manera cuestionan el grado de certeza del ranking. Más allá de la discusión sobre la validez del ranking, no cabe dudas sobre el hecho que, por varios motivos, la educación universitaria en el Paraguay se encuentra atravesando una profunda crisis.  Analicemos cuáles podrían ser algunas de sus causas.

En primer lugar, en las últimas décadas hemos experimentado la masificación de la educación universitaria. Se han abierto un gran número de universidades, cuyo rigor científico y académico es, en el mejor de los casos, dudoso. Impulsado por presiones políticas, el Congreso Nacional, ha autorizado la creación de universidades que gradúan estudiantes en serie. Aquí debemos tener presente que varios legisladores e influyentes políticos de los más importantes partidos han tenido una relación directa con dichas universidades.

El aumento de los centros superiores de enseñanza no ha traído aparejado una mejora sustancial en la educación universitaria. Por el contrario, simplemente la ha masificado, produciendo a la vez un detrimento sustancial en la calidad de los profesores y alumnos. Pensemos en el efecto que esto tiene en el ejercicio liberal de ciertas profesiones, donde el título universitario prácticamente habilita a ejercerlas. En el Paraguay la colegiatura profesional, como mecanismo de auto-regulación, tal cual es la tendencia a nivel mundial, continúa siendo fuertemente rechazada.

En segundo lugar, en el Paraguay la educación universitaria se desenvuelve en un ambiente con marcada influencia política. Históricamente la política siempre ha jugado un papel preponderante en el quehacer universitario. Recordemos por ejemplo la influencia que el Partido Colorado tuvo durante la dictadura en varias facultades de la UNA, entre ellas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDSC). En aquellos tiempos, era difícil pensar que un docente que no fuera miembro del partido pudiera acceder al rango de “profesor” universitario. De igual manera, seccionaleros de la Chacarita eran expertos en amedrentar a estudiantes de la Universidad Católica (UC).

La perversa influencia política pudiera considerarse relativamente normal en tiempos de dictadura. Ahora bien, ella deviene absolutamente anormal en tiempos donde soplan vientos democráticos. Aunque la dictadura se ha ido hace más de 26 años, su legajo desafortunadamente continúa presente. La injerencia política es una realidad diaria en el quehacer universitario nacional. Basta recordar el decisivo peso de cierto sector del Partido Colorado en la última elección del Rector de la UNA. Aunque muchos han advertido las nefastas consecuencias que ello pudiera conllevar, nadie lo ha podido detener.

Otro aspecto que ciertamente ha contribuido a politizar aún más la educación universitaria ha sido la misma Constitucional Nacional – esto en lo que a facultades de derecho se refiere. Aquí conviene recordar que uno de los nuevos institutos que la Carta Magna de 1992 ha aportado ha sido el Consejo de la Magistratura (CM). Este cuerpo colegiado propone ternas para la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, el CM propone a la CSJ candidatos para la designación de los miembros de tribunales y juzgados de toda la República, así como de los agentes fiscales. Además de la CSJ, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el gremio de los abogados, el CM está integrado por profesores de la Facultad de Derecho de la UNA y de las universidades privadas.

Aunque es fácil advertir el noble objetivo perseguido con la inclusión de los representantes de las facultades de derecho más antiguas del país (e.g., aportar un criterio académico en el proceso de selección de los magistrados), en la práctica lo que se ha logrado es politizar aún más el ambiente universitario. Directa o indirectamente, sectores de los principales partidos políticos tratan de ejercer influencia en la designación de dichos representantes. Como veremos más adelante, esto puede incluso afectar la designación de los profesores.

Para estos grupos de poder, el partido político del docente que concursa para un cargo de profesor escalafonado, puede revestir particular importancia. Otorgar el título de profesor (y por ende la posibilidad de que vote en las elecciones de los representantes) a alguien que no simpatice con el sector partidario dominante en la facultad o en la universidad en un periodo de tiempo determinado es, en cierta medida, diezmar la influencia que eventualmente pudiera ser ejercida sobre el CM o los doctorandos. Recordemos que al cargo de miembro de la CSJ solamente acceden aquellos que ostentan el título de doctor.

La injerencia política en la universidad también induce al prebendarismo. En muchas facultades, los líderes de los centros de estudiantes y los representantes estudiantiles se encuentran más preocupados en cimentar sus respectivas carreras políticas que en defender los verdaderos y a veces legítimos intereses del estudiantado – ni que decir el de ayudar a la re-orientación del verdadero objeto de la educación universitaria. 

En un ambiente politizado, las luchas internas hacen que la universidad pierda no solamente objetividad, sino por sobretodo su verdadera misión. El quehacer universitario se reduce a defender los intereses políticos del grupo de turno que detenta el poder. Al menos parcialmente, esto explica la marcada orientación dogmática imperante en la universidad en el Paraguay. El profesor es el único que detenta la verdad. El alumno debe aprender a repetir lo que el profesor quiere escuchar. No se fomenta el disenso, ya que solamente existe una única verdad – la del profesor, la de su libro, la de su folleto. El proceso educativo es claramente vertical. La interacción del educador con el educando se da de manera jerárquica. El ambiente no fomenta la creación de ideas, ni mucho menos la investigación. Nuestras universidades no inducen al desarrollo de las ciencias. El pensamiento crítico es desalentado. 

Aunque ciertamente existen excepciones, muchos de estos factores explican la crisis por la que atraviesa la formación universitaria en el Paraguay. La política no solamente nubla las ideas en el contexto de la universidad sino que la aleja de su verdadera misión. Las universidades se han olvidado que su misión no solamente es la de dotar de conocimientos al estudiante, fomentar el pensamiento crítico, sino por sobre todo formar personas que contribuyan positivamente para lograr sociedad más digna y más justa. Despolitizar la educación universitaria debería ser parte de un imperativo categórico. Ello va a ser un proceso cuesta arriba, lento y sumamente difícil. Pero es algo a lo cual debemos aspirar y constituye una causa por la cual debemos trabajar, si pretendemos, de alguna manera, re-orientar su verdadero objeto. La sociedad así lo espera y lo necesita.