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Históricamente la economía paraguaya ha sido dominada por sectores altamente conservadores y tradicionales. En este sentido, nuestra economía ha experimentado una excesiva concentración en la agricultura y la ganadería. Esto en cierta medida ha marcado una profunda influencia en el desarrollo de otros rubros conexos a dichos sectores. Así, la falta de diversificación económica ha formado parte de una crítica repetida en diversos modelos de gobierno.

Aunque lo agro-ganadero continúa ejerciendo una sustancial influencia en el desarrollo económico, otros sectores han experimentado un marcado y continúo crecimiento. Los servicios en general, por ejemplo, se han expandido exponencialmente. En parte, este desarrollo ha sido impulsado por una nueva generación de audaces y corajudos emprendedores que lentamente van desafiando barreras y ganando nuevos mercados. Décadas atrás, por ejemplo, hubiera sido impensable imaginar que empresas constructoras nacionales pudieran llevar adelante emprendimientos en lugares tan distantes como África. Tampoco hubiéramos considerado la posibilidad que nuestros connacionales pudieran exportar tecnología como servicios de seguridad o software. O que nuestros publicistas sean contratados por conocidas marcas para desarrollar campañas en el exterior. Ni mucho menos pensar que nuestros ejecutivos pudieran ocupar importantes puestos en multinacionales alrededor del mundo.

Los nuevos empresarios nacionales se han animado a llevar adelante en el país y en el exterior modelos de negocios que anteriormente eran considerados privativos de los extranjeros. Resulta incuestionable que dichos empresarios son mucho más proclives a la innovación – factor fundamental para lograr el desarrollo económico y social de cualquier nación.

En la mayoría de los mercados el auge del sector empresarial permite impulsar a su vez otros sectores en el rubro de los servicios. Uno de ellos es el de los servicios jurídicos. En el Paraguay, aunque ha crecido la demanda por servicios jurídicos relacionados con el área empresarial, tal incremento no se ha producido en la misma proporción. Varias razones podrían explicar este fenómeno.

En primer lugar, en el Paraguay, por diversas razones, históricamente el empresariado se ha acostumbrado a márgenes de ganancias superiores a los niveles de retorno de inversión a nivel regional y mundial. En este contexto, el servicio jurídico es ante nada un costo adicional, que afecta directamente y en forma negativa la línea de resultado de la empresa.

En segundo lugar, existe una tendencia a ver al abogado como un profesional al cual solo será necesario recurrir cuando no exista otra opción. Bajo este modelo, el abogado, cuya práctica se relaciona directa o indirectamente con el derecho empresarial, es ante todo un profesional para resolver problemas cuasi-terminales. Por ejemplo, el profesional será consultado ante una denuncia de defraudación fiscal o alguna demanda judicial importante, pero no necesariamente para ejercer un rol de prevención o de asesoramiento en el desarrollo de mejores prácticas de la empresa. En el Paraguay no se concibe al abogado como un socio estratégico que facilite alcanzar los objetivos trazados por el directorio de la empresa – al menos todavía. El abogado resuelve controversias pero no necesariamente su rol es, al menos bajo esta concepción, el de prevenirlas. Los abogados tienen hoy una invalorable oportunidad para corregir esta errónea percepción. 

En tercer lugar, el abogado es percibido como un profesional altamente conservador que indirectamente limita el crecimiento empresarial. En la práctica, bajo esta tesitura, el asesoramiento legal frena nuevas ideas o el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Desde la perspectiva empresarial, el abogado tiene el “no” fácil. Ante cualquier consulta, el abogado responde que el ordenamiento jurídico paraguayo no contempla tal o cual situación o que no se encuentra adecuadamente preparado para otorgar las garantías necesarias para la implementación de nuevos tipos de negocios. Basta pensar en Internet. Para el empresario, el abogado presenta problemas antes que proponer soluciones a las situaciones fácticas de su quehacer empresarial. Mucho de esto, como lo veremos a continuación, se encuentra relacionado con el proceso educativo del abogado.

En cuarto lugar, muchos empresarios consideran que los abogados nacionales tienen una tendencia innata a simplemente repetir casi textualmente lo que dice una determinada norma, pero no necesariamente la capacidad de analizar con detenimiento la implicancia de la misma, según las características y las necesidades específicas de las empresas. Es común que las opiniones legales reproduzcan casi verbatin verbatin lo que establece la ley. Esto no necesariamente facilita su comprensión por parte de aquellos que no son abogados. Según estos empresarios, a los abogados les cuesta entender cómo funciona el mundo empresarial. Entre otras cosas, ello se debe a la carencia de habilidad analítica.

En quinto lugar, en el Paraguay, al igual que en varios países latinoamericanos, en la actualidad, el servicio jurídico se encuentra caracterizado por la producción en masa de abogados. So pretexto de que toda persona debe tener derecho a una educación superior, en las últimas décadas las universidades paraguayas han producido una oferta de abogados extremadamente superior a la demanda, sin que ello implique una mejora en la calidad de los profesionales. Se ha potenciado la cantidad en detrimento de la calidad. Esta situación, sumada a la ausencia de colegiatura obligatoria – desafortunadamente resistida por los propios abogados – no contribuye a la valoración del ejercicio profesional de la abogacía por parte del sector empresarial. Cuando en otros países la abogacía es una carrera de élite, en el Paraguay es una profesión de las masas.

Mucho de estos factores encuentran cierta explicación en el proceso de formación educativa por el que atraviesa el abogado. En nuestro país, todas las facultades de derecho tienen un marcado énfasis dogmático que mucho se aleja del verdadero sentido de la formación universitaria. La investigación es casi nula. Los recursos son exiguos. Los programas de estudios subsisten inalterados por décadas, encontrándose substancialmente desasociados de la realidad del ejercicio profesional. El abogado termina la carrea sin conocer elementales vehículos legales utilizados en el mundo empresarial. Desde la misma facultad se parte de la creencia que el abogado es esencialmente ante todo, un litigante y no un asesor jurídico. Por lo general, se espera que el alumno repita exactamente lo que el profesor quiere escuchar. Muchas veces, esto se encuentra en el libro del profesor o el folleto que éste ha elaborado. Para el alumno, este material es considerado como una verdad absoluta. Pocos profesores toleran el disenso. El objeto del proceso educativo universitario es que el estudiante de derecho aprenda a memorizar y repetir información, antes que aprender a pensar como abogado. El sistema no fomenta el desarrollo de habilidades analíticas. Tampoco se puede generar pensamiento crítico en un ambiente profundamente dominado por influencias políticas endógenas y exógenas. En este contexto, no debe resultar extraño entonces que al abogado le cueste entender un mundo dinámico y en evolución constante como lo es el empresarial. Su pasantía universitaria no lo preparó para ello.

Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, el crecimiento del sector empresarial irá generando, en mayor o en menor medida, una demanda creciente de servicios jurídicos. La economía se va expandiendo hacia sectores no tan tradicionales. Ello generará innumerables oportunidades para la abogacía. Dependerá exclusivamente de los abogados capitalizarlas.